TRAS TRES SESIONES DE DIÁLOGO, EL GRUPO REVISA LAS PROPUESTAS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL INFORME FINAL

El Grupo de Trabajo sobre Financiación Climática del Sector Agroalimentario concluye sus sesiones con una hoja de ruta para impulsar la transición del sector

20/11/2026

El Grupo de Trabajo sobre Financiación Climática del Sector Agroalimentario, impulsado por alinnea, celebró el martes 17 de noviembre su sesión final de revisión y aportaciones, con la que culmina un proceso de diálogo desarrollado a lo largo de tres encuentros de trabajo. La reunión permitió contrastar las conclusiones recogidas durante el año y revisar una propuesta de hoja de ruta que servirá de base para el informe final.

El proceso ha abordado una cuestión central para la transformación del sistema agroalimentario español: cómo conseguir que la financiación pública y privada acompañe de manera efectiva las inversiones necesarias para reducir emisiones, adaptarse al cambio climático y mantener la viabilidad económica de las explotaciones y las empresas. Los debates han conectado el marco europeo de financiación con las necesidades de agricultores y ganaderos, cooperativas, industria y otros actores de la cadena, incorporando perspectivas de la administración pública, las entidades financieras, la investigación y la sociedad civil.

Una de las principales conclusiones del trabajo es que movilizar más recursos requiere actuar también sobre las condiciones que permiten utilizarlos. La fragmentación de los instrumentos, la complejidad administrativa, la falta de asesoramiento y las dificultades para repartir el riesgo limitan la capacidad de convertir la financiación disponible en inversiones con resultados climáticos y económicos.

Un diagnóstico construido a lo largo de tres diálogos

La primera sesión, celebrada el 28 de mayo, se centró en el contexto de la financiación climática para el sistema agroalimentario español, con especial atención a la Política Agraria Común (PAC), el Marco Financiero Plurianual y otros instrumentos europeos y nacionales. El diálogo permitió analizar las necesidades de inversión del sector, las dificultades de acceso a los recursos y la importancia de alinear las políticas agrarias, ambientales, rurales y de innovación.

La segunda sesión, el 30 de junio, abordó el riesgo climático, la resiliencia y el futuro del seguro agrario. Las conversaciones exploraron las presiones que los impactos climáticos ejercen sobre el sistema de protección y la necesidad de conectar el aseguramiento con una visión más amplia de la gestión del riesgo, que incorpore información, prevención y adaptación de los modelos productivos.

El tercer encuentro, celebrado el 29 de septiembre, trasladó el debate a los casos prácticos y las condiciones necesarias para ampliar la financiación a lo largo de la cadena agroalimentaria. Se analizaron experiencias de colaboración entre productores, cooperativas, empresas tractoras y financiadores, así como las barreras que dificultan extender estos modelos a más territorios, explotaciones y cadenas de valor.

A partir de estos diálogos, la propuesta presentada en la sesión final agrupó el diagnóstico en ocho retos interrelacionados: el volumen y la adecuación de los recursos financieros; la orientación climática de la PAC; la sostenibilidad y accesibilidad del seguro agrario; la gestión integral del riesgo; la claridad de los marcos de medición y certificación; las capacidades técnicas y financieras; la colaboración entre los actores de la cadena; y la demanda de productos con menor impacto ambiental.

Prevenir el riesgo y adaptar la financiación a cada explotación

La sesión de revisión permitió reforzar el papel de la prevención como criterio para orientar las inversiones. Las aportaciones subrayaron la importancia de financiar medidas que reduzcan la exposición y la vulnerabilidad de las explotaciones, complementando los mecanismos de respuesta ante las pérdidas. Esto implica conectar el conocimiento climático y agronómico con las decisiones de financiación y valorar las inversiones también por su capacidad para evitar daños futuros.

El agua ocupó un lugar relevante en esta reflexión. Se destacó la necesidad de considerar la disponibilidad futura de recursos hídricos al planificar inversiones y cambios productivos, de manera que las decisiones contribuyan a la resiliencia de las explotaciones a medio y largo plazo.

También se puso de relieve que los instrumentos deben responder a la diversidad productiva y territorial del sector. Las necesidades de financiación, los plazos de recuperación de las inversiones y la capacidad para asumir cambios varían según el tamaño de la explotación, su actividad y sus condiciones de partida. En particular, se señaló la importancia de que las soluciones resulten accesibles para la agricultura familiar y de que los costes de asesoramiento, medición y verificación permitan su participación.

El relevo generacional se abordó igualmente desde esta perspectiva: facilitar la transición exige tener en cuenta el acceso a la tierra y al crédito, los horizontes de amortización y la continuidad de la actividad.

Compartir costes, riesgos y valor en la cadena agroalimentaria

Otro de los ejes del proceso ha sido la necesidad de implicar al conjunto de la cadena de valor. Agricultores y ganaderos afrontan inversiones, cambios de manejo y posibles pérdidas temporales de ingresos, mientras que parte de los beneficios de la transición se distribuye entre otros actores y la sociedad.

Entre las vías exploradas figuran los contratos de suministro a largo plazo, las garantías, la cofinanciación de las inversiones y la combinación de subvenciones, crédito, seguros y asistencia técnica. La agregación de explotaciones y proyectos a través de cooperativas y alianzas de cadena podría facilitar el acceso a estos instrumentos, distribuir costes y generar una escala más atractiva para la inversión.

La movilización de capital privado requiere, además, mayor claridad sobre los resultados ambientales que se financian y cómo se acreditan. El grupo analizó la diversidad de estándares y metodologías, los costes de medición y la necesidad de contar con evidencias verificables y adaptadas a distintos contextos productivos. Se destacó también la importancia de definir con precisión los atributos ambientales de los productos y las prácticas, para facilitar decisiones de inversión y compra informadas.

En relación con la demanda, las aportaciones de la sesión final ampliaron el foco más allá de la comunicación y las certificaciones. El precio, la disponibilidad y la facilidad de compra condicionan la elección de los consumidores. Se exploró el potencial de la distribución, la restauración y la compra pública para generar una demanda más estable, acompañada de una oferta organizada que facilite la participación de pequeños productores. El objetivo es que ese impulso se traduzca en un retorno económico verificable para quienes realizan los cambios productivos.

Seis propuestas para avanzar hacia la acción

La hoja de ruta sometida a revisión organiza las actuaciones en seis ámbitos complementarios: financiación pública, riesgo y aseguramiento, financiación privada, capacitación y asesoramiento, cadena de valor y demanda. Para darles una aplicación práctica, se presentaron seis posibles iniciativas:

  • Un observatorio de financiación y ejecución de la transición agroalimentaria, que permita conocer los recursos públicos y privados movilizados, distinguir entre compromisos, desembolsos e inversión ejecutada e identificar brechas de acceso.
  • Una mayor coordinación de la incidencia en el debate sobre la futura PAC, aprovechando las redes existentes e incorporando perspectivas diversas para reforzar la conexión entre financiación y objetivos ambientales.
  • Un fondo y una cartera de proyectos de agricultura resiliente, que exploren la combinación de capital público y privado, asistencia técnica y acuerdos de compra para compartir los riesgos de la transición.
  • Un trabajo conjunto sobre marcos regulatorios, estándares y verificación, que aporte claridad a productores, empresas y financiadores y conecte con los desarrollos técnicos y metodológicos ya en marcha.
  • Una ventanilla única de apoyo integral, con presencia digital y territorial, que acompañe a las explotaciones desde el diagnóstico y la formación hasta la financiación y la implantación de las medidas.
  • Un programa de conocimiento y activación de la demanda, que pruebe fórmulas para facilitar la elección de productos con menor impacto y evaluar su efecto sobre las compras y la remuneración al productor.

La revisión subrayó que el desarrollo de estas propuestas deberá apoyarse en programas, capacidades y espacios de colaboración existentes. También permitió identificar la necesidad de ajustar los plazos, concretar posibles liderazgos y valorar los recursos necesarios para su puesta en marcha.

Próximos pasos

Con las aportaciones de esta sesión, alinnea avanzará en la revisión del informe final, que recogerá el diagnóstico del proceso y las propuestas de actuación. Está previsto compartir un borrador actualizado con los participantes antes de finalizar el año y presentar públicamente los resultados a comienzos de 2027.

El cierre de las sesiones abre así una nueva etapa para trasladar los aprendizajes del grupo a los espacios donde se diseñan las políticas, se estructuran los instrumentos financieros y se toman las decisiones de inversión. La transición climática del sistema agroalimentario requiere conectar financiación, conocimiento, prevención y demanda, con soluciones adaptadas al territorio y capaces de sostener la actividad y la renta de quienes producen los alimentos.

Desde alinnea agradecemos la participación y el compromiso de todas las organizaciones y profesionales que han contribuido con su experiencia y sus aportaciones a este proceso de diálogo colectivo.

Galería de Fotos