Inicio / alinnea urge a acelerar el almacenamiento energético para impulsar la descarbonización
El almacenamiento energético es una de las piezas clave para acelerar la transición energética en España. Su despliegue permitiría aprovechar mejor la generación renovable, aportar flexibilidad al sistema eléctrico y facilitar la electrificación de la economía. Pero para que ese potencial se traduzca en proyectos reales, el sector reclama un marco regulatorio, fiscal y financiero más adaptado a la naturaleza de esta tecnología.
Esta es la principal conclusión del nuevo informe de alinnea, “Acelerando el almacenamiento energético para la descarbonización y la electrificación. Claves para definir una hoja de ruta del sector”, presentado hoy een el marco de la jornada «Impulsar la transición energética: el papel estratégico del almacenamiento y la flexibilidad».
El informe sostiene que el almacenamiento no sólo permite desplazar en el tiempo la energía renovable generada en un momento concreto, sino que también contribuye a reducir vertidos, optimizar el uso de las redes y reforzar la seguridad de suministro. Además, abre la puerta a una mayor sustitución de combustibles fósiles por electricidad en sectores como la industria.
El informe identifica diez obstáculos interrelacionados que hoy ralentizan el desarrollo del almacenamiento en España. Entre ellos figuran las limitaciones de acceso y conexión a la red, la fragmentación regulatoria, la falta de reconocimiento pleno de los servicios que esta tecnología presta al sistema y la incertidumbre sobre los ingresos que pueden generar los proyectos.
A estos factores se suman otros retos de carácter industrial y social, como la dependencia exterior de tecnologías y componentes, la necesidad de profesionales especializados y las dificultades de seguridad y aceptación territorial que acompañan a este tipo de instalaciones.
A partir de este diagnóstico, alinnea propone tres medidas prioritarias para acelerar el despliegue del almacenamiento energético:
1.-Adaptar la fiscalidad a la naturaleza del almacenamiento.
El estudio plantea reconocer que esta tecnología consume energía, la devuelve al sistema y presta servicios esenciales para su funcionamiento. Para ello, propone revisar de forma coordinada las figuras tributarias que le afectan, evitar solapamientos y distorsiones e introducir incentivos estables para las inversiones que aporten flexibilidad y descarbonización.
2.-Poner en marcha un mecanismo de capacidad que facilite la financiación.
La propuesta busca dotar a los proyectos de ingresos más estables vinculados a su disponibilidad cuando el sistema los necesita. El informe plantea diferenciar entre capacidad de cobertura de demanda, rapidez de respuesta y duración del suministro, así como permitir la combinación de ingresos procedentes de distintos servicios y facilitar la participación de la demanda y de los recursos agregados.
3.-Definir un marco específico para el almacenamiento de larga duración.
alinnea propone una definición basada en la prestación que cada instalación puede garantizar, con independencia de la tecnología utilizada. El documento toma como referencia inicial ocho horas de descarga, revisables según las necesidades del sistema, y defiende verificar esa capacidad durante toda la vida contractual. El objetivo es orientar la planificación, la financiación y la innovación hacia soluciones capaces de responder a necesidades prolongadas de almacenamiento.
Durante la presentación del informe, Ana Belén Sánchez, directora de alinnea, ha subrayado que «acelerar el almacenamiento es fundamental para aprovechar nuestro potencial renovable y avanzar en la electrificación y la descarbonización de la economía. Este informe recoge el conocimiento y la experiencia de quienes deben hacer posible ese despliegue y propone una hoja de ruta para superar las barreras que lo frenan. Queremos que sea el punto de partida para trabajar con las administraciones y el sector en medidas concretas que permitan acelerar la implantación del almacenamiento y su contribución a la descarbonización».
El informe estructura sus recomendaciones en una hoja de ruta con tres fases: Desbloquear las barreras más inmediatas en los próximos dos años; escalar el sector entre los dos y cuatro años e integrar plenamente el almacenamiento en la planificación y operación del sistema a más largo plazo.
El texto incorpora además medidas para reforzar las capacidades industriales españolas y europeas, impulsar la innovación y ajustar la formación a las necesidades de un sector en expansión.
En el ámbito territorial, recomienda mejorar la información a la ciudadanía, promover la participación desde las primeras fases de los proyectos y habilitar mecanismos para compartir beneficios con las comunidades locales, para favorecer una implantación más equilibrada y socialmente aceptada.
El informe es el resultado de un grupo de trabajo que reunió a 52 profesionales de 40 organizaciones del sector público y privado, entidades financieras, industria, sindicatos y sociedad civil. Las conclusiones se elaboraron a partir de cuatro sesiones celebradas entre abril y julio de 2026, en las que se contrastaron experiencias empresariales, regulatorias, tecnológicas, financieras y sociales.
La diversidad de participantes ha aportado una visión amplia sobre los retos del almacenamiento y las condiciones necesarias para acelerar su desarrollo. Además, 15 de las organizaciones forman parte de grupos con sede fuera de España, lo que añade una perspectiva internacional al análisis.
La jornada de presentación del informe, celebrada en el Aula Magna de IE University, ha reunido a representantes del sector energético, las finanzas y la sociedad civil para debatir sobre el papel del almacenamiento y la flexibilidad en la transición energética.
La apertura del encuentro ha contado con Ana Belén Sánchez, directora de alinnea, y Raúl García Posada, director de ASEALEN.
A continuación ha tenido lugar una mesa redonda de expertos en la que han participado Ana Delgado, de Grenergy; Gonzalo Gómez, de Fundación Renovables; José Tapiador, de CCOO Industria; y Carolina Vereda, de Endesa. La moderación del diálogo ha corrido a cargo de la periodista experta en energía Laura Ojea. Los participantes han debatido sobre los principales obstáculos y acciones prioritarias para impulsar el almacenamiento en España. Han coincidido en que se han hecho avances importantes en regulación y permiting, pero existen grandes cuellos de botella. El acceso a la red sigue siendo el nudo crítico, con 66 nudos bloqueados en transporte y 1.700 MW bloqueados en distribución. Se destacó la importancia de liberar capacidad, fomentar ubicaciones estratégicas (especialmente para bombeo cerca de embalses y baterías en zonas fotovoltaicas), y desarrollar sistemas de conexión flexible. Otros temas prioritarios fueron el mercado de capacidad, la flexibilidad de la demanda, la ciberseguridad, la autonomía estratégica en baterías, y la aceptación territorial de proyectos. Se subrayó la necesidad de empleo cualificado, reindustrialización local y una mayor comunicación fluida entre promotores y administraciones.
A continuación ha tenido lugar un segundo diálogo entre Ana Belén Sánchez (Alinea), Raúl García Posada (ASEALEN) y Patrício Peixoto (Banco Europeo de Inversiones). Se ha enfactizado que el almacenamiento ya es presente, no futuro, y que hay oportunidades inmediatas en hibridación de parques fotovoltaicos y bombeo. El BEI está financiando proyectos pioneros de bombeo sin recursos (repago únicamente con ingresos propios), lo que abre camino a otros proyectos. Se señaló que a partir de hoy, los generadores fotovoltaicos necesitan obligatoriamente almacenamiento para ser viables, debido a los curtilments de red y volatilidad de precios. La descarbonización industrial dependerá de integrar almacenamiento con generación renovable, facilitando contratos de compraventa de energía (PPAs) entre empresas e industrias. Se destacó el potencial de comunidades energéticas industriales y la necesidad de garantizar empleo de calidad, formación cualificada y consenso territorial, evitando rechazos por parte del territorio.
El informe analiza la situación del sector en España y los principales obstáculos que limitan su despliegue. Identifica diez nudos relacionados con el acceso a la red, la regulación, el diseño de los mercados, la financiación, las capacidades industriales y profesionales y la integración territorial de los proyectos. El documento examina cómo superar estas barreras para aprovechar mejor la generación renovable, aportar flexibilidad al sistema eléctrico y facilitar la electrificación de la economía.
Este informe forma parte de la serie ‘Ideas para la acción’ y recoge las conclusiones del grupo de trabajo impulsado por alinnea, que entre abril y julio de 2025 reunió a 52 profesionales de 40 organizaciones del sector público y privado, entidades financieras, industria, sindicatos y sociedad civil.