alinnea ha celebrado en la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo el encuentro Climate Transition and Competitiveness: Spanish Companies in the European Industrial Agenda. La jornada reunió a representantes de las instituciones europeas, el sector financiero, la empresa y el ámbito académico para analizar cómo conciliar la acción climática con la competitividad y convertir los planes europeos en resultados concretos.
El debate puso el foco en algunas de las condiciones necesarias para avanzar: un marco regulatorio estable y comprensible, procesos administrativos más ágiles, instrumentos financieros adecuados para las empresas innovadoras y un mayor acompañamiento a las pymes. Las intervenciones señalaron también la necesidad de acelerar la aplicación de las políticas ya definidas y reducir la fragmentación del mercado interior europeo.
El encuentro tomó como punto de partida La acción climática en las empresas españolas, el estudio publicado por alinnea en 2024. Ana Belén Sánchez, directora de alinnea, recuperó sus principales conclusiones para enmarcar el debate en Bruselas y conectarlas con las prioridades actuales de la agenda industrial europea.
Basado en una muestra representativa de 800 empresas, el informe analiza cómo aborda el tejido productivo español la acción climática y qué efectos tiene sobre su competitividad. Sus resultados muestran diferencias relevantes entre las grandes compañías y las pymes en su capacidad para invertir, innovar y obtener ventajas de las medidas climáticas.
El informe pone de relieve la importancia de las pymes en la transición climática de la economía española. Estas representan el 99,8 % del tejido empresarial y generan el 61,8 % del empleo, pero disponen de menos recursos y capacidades que las grandes compañías para invertir, innovar e integrar la acción climática en sus estrategias. Aunque la mayoría de las empresas desarrolla alguna iniciativa en este ámbito, un 10,2 % —alrededor de 65.000 empresas— todavía no realiza ninguna actuación climática.
El estudio también identifica las principales barreras que dificultan avanzar. El 54,3 % de las empresas encuestadas reclamaba una simplificación de la regulación y de los procedimientos administrativos, mientras que el 53,9 % señalaba la falta de financiación atractiva para acometer las inversiones necesarias. Estas conclusiones permitieron trasladar al diálogo con responsables institucionales, entidades financieras y empresas innovadoras la necesidad de reducir la complejidad administrativa, movilizar inversión y desarrollar instrumentos de apoyo adaptados a las pymes.
La mesa redonda reunió a Philippe Lamberts, asesor de la presidenta de la Comisión Europea para la Transición Climática y la implementación del Pacto Verde; Mónica Peña Sastre, asesora sénior de Política Institucional del Banco Europeo de Inversiones; María Teresa Ruiz Costal, responsable de Sostenibilidad y Fondos Europeos de la División de Banca Corporativa de Ibercaja; Carlos Sanz, director de Operaciones de Matteco; y Tullio Ambrosone, coordinador del IE Brussels Competitiveness Hub. El diálogo estuvo moderado por Marián Caro, consultora de asuntos públicos y comunicación estratégica.
Lamberts situó a Europa ante una decisión estratégica entre prolongar la dependencia de los combustibles fósiles o acelerar la transición ecológica. Frente a la idea de que una regulación ambiciosa debe ser necesariamente compleja, defendió normas sencillas, comprensibles y aplicables. También señaló que su diseño debe incorporar el conocimiento de las empresas y organizaciones que trabajan sobre el terreno.
Desde la perspectiva de una pyme tecnológica, Sanz explicó que la carga administrativa reduce la velocidad y la capacidad de competir de las empresas innovadoras. Indicó que los plazos de tramitación pueden alcanzar una media de 18 meses en España y que más del 30 % del esfuerzo de su empresa se destina a tareas burocráticas. Reclamó además mayor claridad y coherencia en el apoyo europeo a las tecnologías innovadoras e instrumentos financieros adaptados a compañías intensivas en inversión de capital.
Ambrosone defendió que sostenibilidad y competitividad forman parte de una misma agenda. Europa dispone ya de diagnósticos y hojas de ruta, por lo que consideró prioritario avanzar hacia su ejecución. Para ello, señaló la necesidad de actuar de manera coordinada sobre la simplificación, el acceso al capital, la eficiencia energética, la contratación pública y la movilización de la inversión privada. También destacó el papel de los gobiernos nacionales y la urgencia de reducir la fragmentación del mercado interior.
Peña Sastre subrayó que la acción climática y la competitividad deben avanzar conjuntamente y que un marco regulatorio estable y previsible resulta esencial para movilizar inversiones. Explicó que el Banco Europeo de Inversiones ha duplicado su financiación verde desde 2020 y que en 2025 esta representó el 60 % de su financiación total. La entidad ha reforzado también su ambición en adaptación y ha simplificado sus procesos.
En el caso de las pymes, el BEI canaliza parte de su apoyo a través de entidades intermediarias, a las que forma para identificar inversiones verdes y aplicar los estándares europeos. Entre las herramientas mencionadas durante el encuentro figuran Green Checker, que permite comprobar si una inversión puede considerarse verde; el desarrollo de un instrumento equivalente para la innovación (Innovation Checker), y una iniciativa destinada a mejorar la eficiencia energética de las pequeñas y medianas empresas.
Ruiz Costal recordó que la transición exige movilizar inversión privada, además de recursos públicos, y que las entidades financieras cumplen una función esencial al canalizar el ahorro hacia la economía. Señaló que muchas pymes encuentran dificultades para acceder a financiación, afrontar la complejidad de los procesos e identificar proyectos con retorno económico. Para responder a esas necesidades, Ibercaja está reforzando su asesoramiento sobre proyectos, mercado y ayudas públicas, junto con servicios relacionados con la huella de carbono, la eficiencia energética y la economía circular.
La medición de las emisiones constituye otro reto creciente. Aunque muchas pymes no tienen obligación legal de informar sobre ellas, las exigencias de las grandes empresas y de las cadenas de valor hacen cada vez más necesario que puedan calcularlas y comunicarlas. El acompañamiento técnico y financiero será, por tanto, determinante para que estas compañías no queden en desventaja.
La segunda parte del diálogo confirmó que el tamaño de las empresas condiciona su capacidad para convertir la acción climática en mejoras de competitividad. Lamberts mencionó las ventanillas únicas como una fórmula útil para facilitar a las pymes el acceso a información y apoyo. Sanz recordó que su velocidad y su capacidad de concentración son ventajas importantes en un mercado global, pero requieren un sistema que reconozca a estas empresas como piezas estratégicas y atienda sus necesidades.
Los participantes coincidieron en que Europa necesita mejorar la integración de su mercado, movilizar mejor la inversión y acelerar la aplicación de las políticas climáticas e industriales. El debate señaló asimismo que esta agenda debe responder a las preocupaciones económicas y sociales de la ciudadanía para mantener el respaldo a la transición.
Con este encuentro, alinnea trasladó a Bruselas las conclusiones de su trabajo sobre la acción climática en las empresas españolas y promovió un diálogo entre instituciones europeas, banca, compañías innovadoras y expertos. La jornada permitió conectar el análisis desarrollado en España con el debate europeo sobre competitividad y avanzar en la identificación de condiciones concretas para llevar la ambición climática a la práctica.
Primer estudio en España que analiza el impacto real de las iniciativas climáticas en la competitividad empresarial, incluyendo a pequeñas y medianas empresas.
Este informe es una contribución esencial para comprender cómo las empresas españolas están abordando la transición climática, con un enfoque pionero que no solo mide el nivel de acción climática empresarial, sino que también explora su relación con la competitividad. A través de una muestra representativa de 800 empresas, el estudio ofrece una radiografía de las estrategias de sostenibilidad en distintos sectores y tamaños empresariales,
permitiendo identificar barreras, oportunidades y mecanismos de acción climática efectiva.
