La transición hacia el vehículo eléctrico representa uno de los mayores desafíos —y oportunidades— para la industria española en términos climáticos, ya que el sector del automóvil debe mantener su competitividad al tiempo que reduce su huella ambiental.  

De ello han hablado hoy responsables públicos, industria, sindicatos, sociedad civil y expertos europeos, convocados por alinnea y reunidos en el Pabellón de Papel de IE University en Madrid. El encuentro tuvo como objetivo analizar el estado del sector en el marco del Plan España Auto 2030 y presentar las principales conclusiones del grupo de trabajo sobre movilidad eléctrica impulsado por alinnea a lo largo de 2025, recogidas en su informe “Acelerando la electrificación del sector del automóvil.” 

 La apertura de la jornada estuvo a cargo de Ana Belén Sánchez, directora de alinnea, quien destacó la relevancia estratégica del sector del automóvil para la economía española y utilizó los resultados del informe de alinnea para exponer los principales nudos que frenan la electrificación en España, entre ellos el lento ritmo de adopción del vehículo eléctrico, la fragmentación de incentivos, las carencias en la infraestructura de recarga y la dependencia de materias primas críticas. Así mismo, el informe presenta varias propuestas para superar estos cuellos de botella, enfatizando la necesidad de avanzar hacia una estrategia industrial coherente, capaz de vincular competitividad, descarbonización y autonomía estratégica, y de acelerar una transición justa alineada con los objetivos climáticos. 

El Plan España Auto, clave para la transformación del sector del automóvil 

A continuación, José López-Tafall, director general de ANFAC, presentó el Plan España Auto 2030 como el marco de referencia para la transformación del sector, subrayando que “la exigencia regulatoria y el compromiso medioambiental han marcado el camino del sector hacia las cero emisiones. El Plan España Auto 2030, fruto del trabajo entre ANFAC y el Ministerio de Industria y de la colaboración de todo el ecosistema de movilidad, debe activarse de manera inmediata, con medidas concretas, realistas y eficaces que permitan acompasar la descarbonización con la protección del empleo, el fortalecimiento de nuestra base industrial y el mantenimiento de la competitividad de España. Nos jugamos el futuro del sector y del país, y ahora es el momento de pasar de la planificación a la acción”. En su intervención, alertó de los retos estructurales del sector, como la elevada presión regulatoria, la escasez de materiales críticos y un contexto internacional cada vez más complejo, con riesgos para la competitividad y el empleo si la transición no se acompaña de políticas industriales adecuadas.   

 Posteriormente, Jaime Gil-Robles, colaborador de alinnea, abrió un diálogo para profundizar en este marco regulatorio, desplazando el foco hacia la implementación del Plan y su traslación al mercado. En este intercambio se subrayó la importancia de activar señales claras y creíbles para la industria, dar continuidad a instrumentos como los PERTE,  reforzar la política y la fiscalidad de la innovación y apoyar de forma decidida a la cadena de valor industrial y logística, en un contexto de incertidumbre sobre las ayudas europeas. Estas cuestiones conectan con el informe de alinnea, que identifica la necesidad de alinear incentivos y capacidades industriales para reducir la brecha entre los objetivos de electrificación y su implementación efectiva. 

El acto continuó con un diálogo entre responsables de diferentes entidades, muchas de ellas participantes en el grupo de trabajo coordinado por alinnea en 2025. El debate, moderado por Ana Belén Sánchez, reunió a Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault; Álvaro Arroyo, director de Relaciones Institucionales de IVECO; Jordi Carmona, responsable del sector automovilístico de UGT FICA e Isabell Büschell, directora de Transport & Environment (T&E) España. 

En el debate se subrayó que la transformación del sector no pasa solo por fabricar vehículos, sino por posicionar a España como un hub de innovación, capaz de atraer inversión, centros de decisión y desarrollo en ámbitos como baterías y software, en un contexto de creciente competencia internacional. 

Durante el intercambio, Arroyo advirtió de que los marcos actuales han estado más orientados al vehículo particular, mientras que camiones, autobuses y flotas siguen afrontando mayores retos tecnológicos y regulatorios, pese a su relevancia para un país con fuerte dependencia del transporte terrestre. En la misma línea, Rodríguez-Solano subrayó la necesidad de reforzar la innovación y la certidumbre para la inversión, especialmente en ámbitos como baterías y software, para posicionar a España como un hub industrial competitivo. Desde el ámbito social, Carmona alertó de los riesgos sobre el empleo y la cohesión territorial si la transición no se gestiona de forma justa y ordenada, destacando la formación y la recualificación como herramientas clave para que trabajadores y ciudadanía no queden atrás. Büschell, por su parte, enfatizó la importancia de adoptar un modelo de gobernanza claro, especialmente en los pasos iniciales en los que se encuentra España, para orientar la inversión hacia vehículos y tecnologías fabricados en Europa.  

Construyendo la soberanía industrial: el despliegue de las fábricas de baterías en España  

Uno de los elementos críticos para el desarrollo del vehículo eléctrico, tal y como detectó el grupo de trabajo coordinado por alinnea durante sus sesiones de diálogo, es la necesidad de impulsar la producción de baterías en el marco de la Unión Europea, para reforzar la cadena de valor del sector automovilístico y reducir la dependencia de otros mercados. 

 Por ello, durante la segunda mesa de diálogo se analizó el papel estratégico de las fábricas de baterías para reforzar la soberanía industrial y energética de España, abordando retos clave de financiación, planificación industrial, acceso a materiales críticos y alineación con el marco europeo.

La mesa fue moderada por Laura Ojea, periodista experta en Energía, y participaron Pau Sanchis Matoses, director de Asuntos Públicos y Política de la UE en CATL, Paloma Calzas González, jefa del Departamento de Tecnologías Industriales del CDTI, y Raúl Villar Pérez, responsable de Constructores de Automoción en la Federación de Industria de CCOO. 

Durante el diálogo, Sanchis enfatizo que la soberanía está en la arquitectura de la cadena de valor de las baterías, defendiendo una autonomía estratégica europea basada en la selección de materiales críticos económicamente viables, el impulso del reciclaje y el desarrollo de capacidades industriales más allá de la extracción, especialmente en el refinamiento. Por su parte, Calzas destacó el papel del Plan España Auto como marco de actuación, subrayando que su despliegue requerirá instrumentos de apoyo específicos, acompañamiento técnico y financiero y métricas claras que permitan evaluar el impacto real de las inversiones. Desde el ámbito sindical, Villar alertó de que el despliegue industrial de las baterías no será viable sin abordar la escasez de talento, reclamando un plan nacional de formación, medidas de seguridad laboral y una gobernanza que refuerce el tejido industrial y garantice una transición justa. 

Estos puntos resultan esenciales tanto para desarrollar el mercado de las baterías y los materiales críticos en España como para reforzar la soberanía industrial y energética del país. En este contexto, alinnea centrará uno de sus grupos de trabajo en 2026 en esta temática, con el objetivo de seguir aportando análisis, diálogo multiactor y propuestas concretas que contribuyan a consolidar una cadena de valor competitiva, sostenible y alineada con el marco europeo. 

Próximos pasos: desarrollar la cadena de valor del vehículo eléctrico desde una perspectiva europea   

Para concluir el evento, Paula Ceballos Coloma—analista de políticas en Clima, Energía y Medio Ambiente y responsable de prensa de la Representación de la Comisión Europea en España—reflexionó sobre los siguientes pasos para desarrollar la cadena de valor del vehículo eléctrico desde una perspectiva europea.  

Comenzó subrayando que el reto ya no es si el vehículo eléctrico se consolidará, sino dónde se producirá y bajo qué condiciones, destacando el objetivo europeo de reducir dependencias externas en materias primas críticas y reforzar la capacidad industrial propia. Asimismo, explicó las recientes actualizaciones del marco regulatorio, que mantienen el rumbo hacia 2035 introduciendo flexibilidades, como la neutralidad tecnológica parcial, los incentivos a los vehículos eléctricos pequeños y asequibles fabricados en la UE, y nuevos instrumentos como el battery booster—1.800 millones de euros destinados para acelerar el desarrollo de una  cadena de valor de baterías fabricada íntegramente en la UE—y la simplificación normativa, orientados a ofrecer certidumbre a la industria y acelerar la transición sin perder competitividad.